El Vocero
23 de diciembre de 2008 04:00 am
Las cosas no van a mejorar. Como decía Barack Obama, se van a poner peor antes de mejorar. Eso es lo que opinan varios economistas consultados por EL VOCERO. Sean cuales sean, las recomendaciones que finalmente presente el Consejo Asesor de Reconstrucción Económica y Fiscal nombrado por el Gobernador electo, Luis Fortuño, van a producir una mayor profundización de la recesión.
“No veo manera de hacer el ajuste sin que se agrave la recesión”, señaló Juan Lara, profesor de economía del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.
“La mejor solución a la crisis fiscal y de estancamiento económico seguramente tendrá impactos diferenciados entre distintos segmentos de la sociedad. Esto requiere asegurar que los costos se distribuyan equitativamente. Pero, la situación no es tan sencilla pues requiere, además, que las soluciones adoptadas sean de tal naturaleza que no incidan en forma negativa sobre otras dimensiones de política pública y, si son determinaciones de corto plazo, que éstas no empeoren la situación, o reduzcan la posibilidad de lograr objetivos, a largo plazo”, comentó José J. Villamil, presidente de la Junta de Directores de Estudios Técnicos, Inc.
“En balance neto, el gobierno va a terminar sangrando a la economía privada para cuadrar el presupuesto. Cómo se reparte la sangría es algo esencial, no sólo por justicia, sino en términos de la efectividad del programa”, apuntó Lara.
Villamil propone un plan de cuatro puntos que incluye un aumento del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), que sirva de fuente de repago para una emisión de deuda que permita cubrir el déficit de este año fiscal y financiar proyectos de infraestructura.
Sin embargo, Lara opina que “empezar con un aumento del IVU sería la peor manera de hacerlo. Creo que sería un gran error aumentar el IVU en este momento. Su efecto inmediato sería darle un golpe seco a la demanda agregada y agravar seriamente la recesión. Aparte de eso, no podemos enraizar el vicio fiscal de aumentar el IVU cada vez que aparezca un hueco en el presupuesto. No es justo, y no es buena política económica. El IVU podría aumentarse en el futuro--no ahora--pero tiene que ser en el marco de una reforma contributiva integral”, aconseja.
Según Villamil, aumentar el IVU dos puntos porcentuales generaría alrededor de $400 millones anuales que permitirían emitir deuda por unos $6,000 millones. “Esto permitiría cubrir el déficit, pagar a suplidores, inversión para reactivar la economía a corto plazo, generar una reserva para financiar la re-estructuración del gobierno y comenzar el proceso de implantar medidas para el desarrollo sostenible”.
Lara y Villamil está de acuerdo en que el ajuste económico tiene que repartirse para que no afecte principalmente a la clase media, los empleados públicos y los grupos de ingreso más bajo. Se deben se ofrecen alivios contributivos para familias con ingresos bajos y moderados, como parte integral de las medidas, dice Villamil.
Y Lara añade, “en particular, hay que mirar toda la estructura de beneficios contributivos para las inversiones financieras y las actividades industriales y comerciales. Creo que el Comité puede obtener en poco tiempo la información necesaria para decidir cuáles de esos beneficios se pueden suspender por un año para allegarle más ingresos al fisco.
No puedes hacerlo, por ejemplo, aumentando la contribución a las ganancias de capital, porque la gente simplemente aplazaría la realización de esas ganancias. Pero podrías, –y éste es solo un ejemplo de muchos que se pueden encontrar–, volver a subirle la tasa preferencial los intereses sobre certificados de ahorro. Si estamos en una situación de emergencia, como creo que lo estamos, no debe haber vacas sagradas en este aspecto”.
Lara sugiere que el Gobierno lo primero que debe hacer es un financiamiento puente. El siguiente paso, sería una moratoria de beneficios contributivos, “especialmente los destinados a promover actividades empresariales específicas”. Después recomienda negociar con el sector sindical para generar ahorros en el gobierno, como por ejemplo los días de fiesta.
Además, se debe llevar a cabo una reforma de la reforma de salud (con énfasis en reducir costos del sistema mediante eficiencia y centralización de la función administrativa). Y, finalmente, una reforma contributiva integral.
“Por supuesto, en el trasfondo de todo esto hay que imponer una congelación de verdad en el empleo gubernamental y una regla de cero aumento en el gasto público por los primeros dos años del cuatrienio”, aclara.
Por su parte, la economista Heidie Calero, de H Calero Consulting, cree que el Consejo “debería hacer público quienes les asesoran a ellos en términos de escenarios de impacto para lo que proponen”.
“No hay nada nuevo bajo el sol, solo falta la visión y la voluntad de ejecutar. Me parece que ahora estaremos viendo la guerra de los sectores señalando culpas e indicando por qué su sector no debe ser tocado”. Cree que valdría la pena desempolvar las recomendaciones del Comité Tobin y del Proyecto Puerto Rico 2025.
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